Última actualización el Sábado, 25 de Julio de 2009 15:13 Escrito por Gabriela Cultelli, Lilián Galán, Claudio Fernández Viernes, 24 de Julio de 2009 21:45

Uno de los temas que más se ha hablado en estas últimas semanas ha sido el de las inversiones, o más específicamente, si es seguro invertir en el país en tiempos de incertidumbre electoral. Mucha confusión ha traído este tema por cuanto veremos qué entendemos por inversiones y cómo se han desarrollado durante los gobiernos anteriores y cómo se vienen desarrollando desde el 2005 hasta ahora. Pero se debería tener claro que no sólo el aspecto cuantitativo es importante, sino el énfasis en el aspecto cualitativo de las mismas, lo que en definitiva hace al modelo de desarrollo que se pretenda implementar. 

En la década de los noventa las inversiones siguieron el esquema de crecimiento orientado hacia las exportaciones primarias y gran importación, que suplía la producción nacional. Las características de este modelo se podrían resumir en apertura y liberalización comercial indiscriminada.

La presencia de capital extranjero seguía el patrón de especialización que mostraba el conjunto de la economía. Las empresas trasnacionales llevaron la vanguardia en el proceso de forestación, en las manufacturas, básicamente en sectores intensivos en recursos naturales: compra de frigoríficos, algo en lácteos, cemento, papel, etc. Fue notoria la aparición del capital extranjero en la compra de supermercados y en el sector turismo. Este perfil de inversiones, especialmente extranjeras, concentrado en los sectores más cercanos a la base primaria y en algunos servicios, no contribuyó a alcanzar un crecimiento sostenido de largo plazo. 

Políticas de inversiones  

Durante este gobierno se ha ido forjando un conjunto de instrumentos de política de competitividad industrial, entre los que se destacan los que se conocen como de promoción de inversiones industriales, y de promoción de exportaciones industriales. Al respecto se cuentan el régimen de promoción de inversiones, el régimen especial de importaciones para bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones, y los programas para pequeñas y medianas empresas.

A partir de la Reforma Tributaria 2007 se abrió un abanico de posibilidades para estimular las reinversiones y la promoción del empleo. El instrumento de política industrial más relevante y de mayor alcance es el régimen de promoción de inversiones (ley 16.906), que fue reglamentado por este gobierno buscando promover las inversiones realizadas en el territorio nacional por inversores nacionales y extranjeros. Otorgar beneficios a las inversiones se correlaciona con los siguientes fundamentos: si la inversión (1) incorpora progreso técnico que permita mejorar la competitividad, (2) si facilita el aumento y la diversificación de las exportaciones (especialmente si incorpora mayor valor agregado nacional), (3) fomenta las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo, (4) contribuye a la descentralización geográfica y que se orienten hacia actividades industriales, agroindustriales y de servicios, con una utilización significativa de la mano de obra e insumos locales. 

El aspecto cuantitativo 

En el período de gobierno de Lacalle (90-94), la IED (Inversión Extranjera Directa) según CEPAL representó en promedio tan solo un 0.6% del PBI, totalizando 257 millones de dólares en dicho quinquenio. En el período 2005-2008 del gobierno del FA representó un 6,13% del PBI, acumulando 5.834 millones de dólares en cuatro años. Solamente en el año 2008 los inversionistas extranjeros aumentaron su inversión en 917 millones de dólares. Conclusión: si la inversión extranjera dependiera solamente de la confianza es claro quién la generó más.

Respecto a la inversión total, las Cuentas Nacionales que elabora el BCU menciona  que al 2008, la inversión total (Formación bruta de capital fijo) creció aproximadamente 4.000 millones de dólares con respecto al año 2004 (más que se duplica). Si se evalúa el incremento de la inversión total en términos reales (es decir, en dólares constantes) se obtiene un aumento del 70% en el 2008 respecto al 2004.

De todas maneras los niveles de inversión totales (extranjera y nacional) medidos como porcentaje del PBI, no cambiaron sustancialmente con respecto a los que predominaban en la década de los ‘90, aunque sí registran un notable aumento en comparación con los años de la crisis.

Durante este gobierno se tuvo que realizar un grandísimo esfuerzo en la inversión dentro del gasto público para atender las áreas sociales como pobreza e indigencia, salud, educación, en desmedro de las inversiones de capital fijo. Se debe señalar que la inversión en gasto público social es eso: una inversión, justamente, y no un gasto como lo consideraban los gobiernos anteriores.

De ahí que si por criterio político se optó por invertir en gasto social público, se estimuló con diferentes instrumentos la inversión privada para las otras áreas.

Conclusión:

Se recuperaron los porcentajes de inversión pre-crisis, pero es aún insuficiente, se debe seguir avanzando. El camino para avanzar es disímil con los gobiernos anteriores en cuanto que las políticas que dirigen la inversión se ajustan a un modelo de crecimiento diferente.

En ambos períodos comparados (década de los ‘90, gobierno de Lacalle, y gobierno frenteamplista) hubo un importante crecimiento. Pero la diferencia sustancial es que en el gobierno del Frente Amplio el porcentaje del crecimiento dedicado a la inversión es mucho mayor: en  2008 la inversión representó un 18.7% del PBI, en el último año del gobierno de Lacalle fue de un 14,5%. Por tanto esta diferencia representa sustentabilidad en el largo plazo.

En el programa del FA para el próximo gobierno se plantea encauzar la inversión en función de la estrategia de producción y desarrollo que queremos, qué País Productivo se quiere. A partir de esto buscar atraer la inversión para desarrollar y/o potenciar los sectores definidos como estratégicos.

Creemos que los inversionistas valorarán más un país estable, con políticas claramente definidas orientadas a un desarrollo sustentable de largo plazo. Esto genera más confianza  que promesas en el aire.