Última actualización el Miércoles, 08 de Julio de 2009 21:14 Escrito por Comisión de Desarrollo Social Miércoles, 08 de Julio de 2009 20:35
En el correr de las décadas del 70, 80 y 90s hemos experimentado la aventura neoliberal más profunda que conoció nuestro país, que generó la crisis productiva más grande que pudimos soportar, con el mayor número de cierre de fábricas, comenzando con las más fuertes sindicalmente, con la intención de reprimir todo brote social de generación de conciencia. Unido a ello la apuesta de un país casi exclusivamente pensado como plaza financiera, donde anidaban los capitales golondrinas y las exportaciones eran principalmente de productos primarios con poco o nulo valor agregado. Desde el punto de vista social, se planteó un estado ausente, en donde el mercado definía las relaciones sociales y productivas y por tanto la forma de redistribución de la riqueza o mejor dicho de la concentración de la misma. Luego de la crisis que nos golpeó fuertemente en 2002 llevando los niveles de pobreza al 32% y la indigencia a un 4% de la población del País, nuestra fuerza política presentó al gobierno de la época un conjunto de medidas que constituían un Plan de Emergencia pero que podían instrumentarse por separado.
Presentamos igualmente una propuesta de un País productivo como alternativa a la escalada neoliberal. Pero ninguna de esas propuestas fueron tomadas en cuenta y el pueblo debió esperar algunos años para que esas esperanzas pudieran concretarse. Nuestro compromiso siempre ha sido gobernar con el programa de la fuerza política interpretando a la sociedad, dialogando con ella.
La victoria del Frente Amplio en las elecciones del 2004 y la asunción al gobierno en el 2005, proyectaron profundas transformaciones en cuanto a la posición del gobierno con respecto a las políticas sociales y societales en Uruguay. Lo más importante fue la búsqueda constante de soluciones a los problemas que presentaba la población, sobre todo la más sumergida y de crear instrumentos específicos acorde a aquellas necesidades más urgentes. Así comenzamos a hacer realidad los compromisos contraídos con la ciudadanía, enfrentado la crisis originada en 2002, y comenzado a sentar las bases de un futuro distinto, de más justicia y prosperidad, en el que todas y todos los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.
Las políticas sociales fueron concebidas y se constituyeron en el programa de gobierno, en coordinación con otras políticas sectoriales tales como las de la salud, educación, vivienda, trabajo y diálogo social, seguridad social, entre otras. Así se conformó un complejo de políticas sociales en sentido amplio.
Esto quedó expresado en el Presupuesto Nacional aprobado para el período 2005 – 2010, y reafirmado en las Rendiciones de Cuentas, con la definición de las grandes prioridades presupuestales: inversión en Emergencia social, Salud, Educación, Infraestructura y Seguridad Ciudadana.
Fruto de ello, una de las primeras medidas institucionales del gobierno, fue la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), donde aún antes de haber culminado su construcción institucional se le encomendó la elaboración y puesta en práctica inmediata, del Plan de Atención a la Emergencia Social (PANES) orientado a reducir la pobreza extrema que existía en el país.
El PANES, fue una política macro que buscó comenzar a dar respuestas a la emergencia social de los hogares en extrema pobreza o indigencia del País. A la vez, fue el marco de las intervenciones que se llevaron adelante en un conjunto de programas sociales con multiplicidad de objetivos.
Fue una respuesta política al agudizamiento de la crisis económica que hace eclosión en el año 2002, la cual sienta las bases para permitir profundizar en una nueva concepción acerca de las políticas sociales en el Uruguay. Se buscó en un plazo de 2 años atender el impacto de la crisis macro financiera que golpeó sobremanera a hogares de muy bajos ingresos, se buscó llevar adelante un Plan que fuera no solo asistencial sino también promocional incorporando el concepto de rutas de salida de la exclusión y la indigencia por medio de la capacitación, la educación en diferentes niveles y modalidades, pasando por experiencias de participación social y laboral, lo que lo colocó, a nivel mundial, en la vanguardia de las políticas de transferencia.
El Plan fue diseñado tomando en cuenta grandes áreas: ingresos en monetario, ingresos por tarjeta para alimentos y productos de higiene, experiencias sociolaborales o de trabajo protegido, salud (especialmente dirigida a niños niñas adolescentes y mujeres embarazadas), atención a las personas en situaciones de calle, educación para áreas críticas y acceso a una vivienda con mayor dignidad en lo socio habitacional.
Su finalidad puede resumirse en dos grandes metas:
En términos generales, se trataba de que los hogares comprendidos en el PANES tuvieran oportunidades y herramientas de mediano plazo para lograr salir de su estado de pobreza y de exclusión social y económica para no volver a caer en esa situación.
A partir de un enfoque promocional de las intervenciones sociales, se buscaron resultados que pueden resumirse en:
El objetivo final, en definitiva, fue estimular un proceso socio educativo concomitantemente a la provisión de las prestaciones y bienes sociales.
Con ésta y otras políticas se redujo la pobreza a un 21,7% y la indigencia a un 1,7%. Todos recordamos los componentes del PANES pero pongámosle números a algunas de las cosas realizadas. El ingreso ciudadano fue una transferencia de dinero que en su totalidad abarcó a 102.353 hogares de 440 localidades de todo el país. Se establecieron varios programas uno de corte socioeducativo y comunitario al que fueron convocados 16.175 jefes de hogar, distribuidos en 780 grupos en todo el territorio nacional, otro que buscó contribuir a la ruptura de las barreras de la exclusión social mediante una intervención centrada en trabajos transitorios en donde se crearon 15.449 oportunidades en esta modalidad. Se ofreció a ciudadanos y ciudadanas en situación de calle una serie de refugios para descansar, además de cena y desayuno, ropa y posibilidad de ducharse.
Se instaló una modalidad novedosa que rompía con algunos mitos al permitir a 68.500 hogares en extrema pobreza hacer uso de la llamada “tarjeta alimentaria”, donde realizaron compras tanto de comida como a artículos de higiene en 490 pequeños comercios solidarios distribuidos en todo el país.
Dentro de la emergencia habitacional se implementó el Programa Mejoramiento del Hábitat brindando ayuda en materiales y en asistencia técnica. De esta manera más de 5.200 familias, han logrado mejorar sus viviendas participando en la reparación de las mismas.
Además en convenio con OSE, 25.000 hogares del PANES fueron reconectados; a esto hay que agregarle la creación de Proyectos de Opción Productiva, el fortalecimiento de iniciativas locales y la creación de la ley de Cooperativas Sociales que es un adelanto muy importante para las relaciones económicas apuntando a un Uruguay Productivo, no debemos olvidarnos de los planes de alfabetización y las operaciones de ojos.
En paralelo con el desarrollo del PANES se trabajó en reconfigurar el Sistema de Protección Social con el que contaba el país de manera de fortalecer todos los dispositivos públicos existentes, introducir transformaciones sustantivas en la organización de las estructuras e instrumentos de protección social y mejorar sensiblemente la provisión y regulación de servicios sociales apuntando así a promover integración y justicia social con la finalidad última de asegurar el bienestar de los uruguayos y las uruguayas.
Esto se lleva adelante a través de la implementación del Plan de Equidad el cual recoge una serie de definiciones y decisiones de distinta naturaleza. Por un lado, las que denominamos componentes estructurales de la Matriz de Protección Social, cuya implementación supone una operativa de mediano y largo plazo: i) la reforma tributaria; ii) la reforma de salud? iii) revisiones de las políticas de empleo; iv) nueva política de vivienda y hábitat; v) la reforma educativa; vi) el plan nacional de igualdad de oportunidades y derechos. Y por otro, los componentes específicos que conforman una Red de Asistencia e Integración Social que se estructuran en un conjunto de medidas y estrategias de acción, de las que se presentan, en esta oportunidad, siete de ellas:
Estas líneas de acción han tenido como orientación general la ampliación de la cobertura de las políticas sociales, al mismo tiempo de irlas configurando con cierta permanencia, se ha buscado complementarlas con intervenciones focalizadas de alcance nacional.
Todo esto indica que en términos de políticas sociales existe una gran heterogeneidad interna, tanto en términos de direccionalidad como de orientación de líneas de acción publicas, que dan al sistema de protección social uruguayo un carácter híbrido que combina lo asistencial y lo promocional, lo universal y lo focalizado.
Es necesario apuntar a políticas sociales que tengan vocación de ser políticas de Estado y en este sentido trascender los períodos electorales. Estas políticas societales suponen cambios importantes en cuanto a las rutinas que tiene la población en la medida en que buscan cambiar parámetros de funcionamiento de las sociedades.
Las políticas societales más notables llevadas adelante en este gobierno son: la nueva política fiscal, las políticas de fortalecimiento del sistema de protección social, las políticas de relaciones laborales, la política de genero, la política de innovación, la reforma de la salud, el desarrollo del Plan Ceibal, entre otras.
El cambio general de la política social en Uruguay tiene como fundamento una visión muy distinta a la perspectiva neoliberal imperante en el pasado. Ello no solamente puede percibirse en una sensibilidad distinta con respecto a la pobreza y sobre todo a la pobreza extrema, sino en la convicción que es necesario una política orientada al fortalecimiento de la sociedad como un todo. La necesidad de eliminar las fracturas de esta sociedad e incluso de hacer disminuir como objetivo de largo plazo, las distancias de sus respectivos estamentos sociales. Para ello no alcanza apostar a un solamente a crecimiento económico esperando que este por si solo logre arrastrar un desarrollo social.
Además ha habido una voluntad política expresa de poner el Estado al servicio de la sociedad, con políticas activas, políticas de promoción de la participación social, a través de la implementación del Consejo de Economía nacional, pasando por los Consejos Sociales Departamentales y las mesas de desarrollo rural, hasta los Consejos de salarios, las organizaciones de usuarios y de trabajadores de la salud participando en la JUNASA y en los consejos consultivos de las instituciones de asistencia médica, las comisiones sectoriales discutiendo competitividad por rama de actividad. Sin duda es un camino a seguir y profundizar.
El compromiso con los cambios hace que asignemos un valor muy importante a todo lo que resta por hacer. Esto es lo que convierte al programa en una herramienta clave para dinamizar el trabajo orientado a ganar las elecciones del año 2009, para continuar con un segundo gobierno frenteamplista.
El segundo programa de gobierno del Frente Amplio no es la continuidad del primero, el punto de partida es esencialmente diferente luego de un quinquenio de las fuerzas de izquierda en la conducción del país. Ya no tenemos que pensar en superar los inéditos desequilibrios económicos, financieros y sociales que se habían instalado en la sociedad uruguaya luego de la crisis de principios del siglo XXI. Será otro país sin duda el que deberemos enfrentar en 2010, cualitativamente diferente, con una acumulación económica y social que nos convoca a ampliar los horizontes programáticos, la gestión del gobierno en estos años ayuda a profundizar y mejorar las bases programáticas.
La visión que el FA tiene del “Desarrollo Nacional” implica tener un Estado activo y comprometido con el futuro del país y de su gente. Las funciones básicas del Estado pasan por contribuir a generar las condiciones que permitan mejorar el nivel de vida y de trabajo de la población. Para esto se requiere una visión integral de los procesos políticos, económicos, sociales y culturales, que conducen a una integración plena de la población en el país y en los problemas nacionales. Se requiere determinar sus tareas como productor, acumulador y orientador del proceso económico, sin dejar de lado su rol de contralor, de manera de incrementar la eficiencia y la eficacia. Para lo cual vuelve fundamental la reforma del Estado como mecanismo para enfrentar las trabas burocráticas.
El Estado debe seguir asumiendo un rol activo en la promoción del desarrollo sustentable y por tanto en la conformación de una estructura productiva sostenible en el largo plazo. Lo que hace necesario la definición de políticas activas horizontales y verticales, así como el apoyo a la investigación científica y tecnológica para la creación, adaptación e incorporación de progreso técnico a la producción y promover el crecimiento de la competitividad sistémica.
Esto implica un proceso de distribución de la riqueza que pasa sustancialmente por un cambio en las estructuras de producción. Para un país como Uruguay esto implica lograr, en el mediano y largo plazo, un incremento tendencial y sustentable del producto basado en el cambio de estructuras productivas. En el Uruguay la actual estructura productiva mantiene características de heterogeneidad estructural, donde conviven distintas actividades económicas, rubros de alta y muy baja productividad de la mano de obra, tanto en el plano intersectorial como en el intrasectorial, constituyéndose en un factor muy relevante de las desigualdades económicas, sociales y culturales.
En esencia, la superación de la fragmentación social, es un tema político central que abarca aspectos económicos como la transformación de la estructura productiva, políticas de empleo y políticas sociales básicas como la nutrición, la educación, la salud, la vivienda y la protección y seguridad social, así como aspectos culturales que requerirán tiempos generacionales para su definitiva resolución. A ello contribuye la definición de metas anuales dentro de un programa de mediano plazo de reducción de la brecha de desigualdad, la pobreza y la indigencia, de aumento de salarios y de mejoras en el nivel y calidad del empleo.
Es dentro del sistema de protección social donde seguiremos profundizando los logros obtenidos con las Asignaciones Familiares y el resto de prestaciones no contributivas, asumiendo el compromiso de buscar su universalización así como su unificación hasta llegar a la implementación de un Ingreso Básico Familiar que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes prestando especial atención a los factores no económicos de la exclusión social.
Debemos apoyar y potenciar el desarrollo de la Economía Social, especialmente asociativa, cooperativa y empresas recuperadas por los trabajadores. Potenciar los programas de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como proyectos productivos estratégicos. Un punto vital es el acceso al crédito para el desarrollo productivo, incluido el micro crédito, y en ello el papel esencial que deberá retomar con fuerza el BROU. También es importante incorporar a estas organizaciones productivas al sistema de compras del Estado (analizar concepto de compras de cercanía, revitalización de la actividad de comercio local).
Debemos establecer el uso racional y eficiente de la energía como una prioridad nacional, con metas de baja del consumo no menor al 5% de la energía al 2012. Profundizar la educación a nivel de primaria y secundaria incorporando contenidos respecto a la eficiencia energética por medio del Plan Ceibal. Generación de una canasta energética social para población vulnerable definida en acuerdo de los entes con el MIDES. Generar una profunda reestructuración en los entes autónomos del servicio industrial del Estado del sector energético, para que los mismos cumplan el rol social para el que fueron creados, sin descuidar sus equilibrios financieros pero con los objetivos fijados por la política nacional.
Tendremos que ver la experiencia acumulada en estos cinco años en el MIDES, el PIAI, MEVIR y la recientemente creada Agencia Nacional de Vivienda, involucrando también a los gobiernos locales, como forma de satisfacer las necesidades que parten del propio territorio. Así proponemos generar un Plan de Impacto Habitacional que integre el concepto de vivienda y hábitat.
Debemos consolidar la estructura impositiva reafirmando uno de los objetivos de la reforma tributaria, la sustitución de los impuestos al consumo por impuestos a la renta y a la riqueza, asegurando su mayor equidad.
La lógica del mercado no resuelve la cohesión social, ni el empleo de calidad ni los problemas sociales. La conducción del Estado es central en toda estrategia productiva, revitalizando sus funciones de integración social, de redistribuidor de ingresos y de agente de desarrollo. La presencia del Estado es imprescindible para la equidad, para los lineamientos estratégicos, para el plan de empleo, para la atención de los problemas sociales.
Todos los planes, programas y proyectos sociales en todo el territorio nacional deben propender a la consolidación de UNA política social con características de UNIVERSALIDAD, CALIDAD, INTEGRALIDAD y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.
Procurar una profundización del Monitoreo y Evaluación permanente de las políticas sociales implementadas.
Esto pasa por el compromiso de generar un sistema de información que permita a todos los ciudadanos saber como, en que se gastan los dineros del Estado y combatir la fragmentación de la información con la que cuentan los distintos organismos. Para ello se ha investigado el último siglo del Gasto Público Social y analizado las series históricas, pudiendo decir como y en que se han gastado los dineros en el campo de lo social.
En este período generamos una base de datos sobre la población en situación de pobreza e indigencia como no hemos tenido antes y estamos trabajando para consolidar en el próximo gobierno el Sistema de Información Integrado del Área Social.
Reforzaremos nuestra vocación de informar porque estamos convencidos que eso genera poder real en nuestra ciudadanía, es así que continuaremos con la política de unificar información y que el Observatorio Social de Indicadores y Programas Social forme parte en la próxima gestión de un Observatorio Nacional de Política Pública.
Realizar una efectiva articulación entre políticas sociales y políticas económicas. En este nivel no solo valoramos como esencial lo realizado desde el MIDES, sino que proponemos su profundización tanto en cobertura como en la calidad e impacto de los programas. Referido a políticas sociales macro entendemos que el diseño estratégico es el Plan de Equidad revalorizando el rol del Consejo Nacional de Políticas Sociales, aumentando su cobertura y tendiendo a la instrumentación por medio de la herramienta “Tarjeta” no solo la alimentación y limpieza sino también la creación de una canasta de servicios energéticos y la unificación de las diferentes prestaciones contributivas como forma de llegar a un Ingreso Básico Familiar que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de sus integrantes prestando especial atención a los factores no económicos de la exclusión social.
Aportar a una reformulación del sistema de protección social; introduciendo innovaciones en el diseño de políticas sociales a los efectos de la mejora sustantiva de la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, así como definiendo nuevos dispositivos de integración social teniendo en cuenta a los hogares como destinatarios de las políticas.
Debemos consolidar la estructura impositiva reafirmando uno de los objetivos de la reforma tributaria, la sustitución de los impuestos al consumo por impuestos a la renta y a la riqueza, asegurando su mayor equidad.
El Plan Ceibal, los Programa de Maestros y Aulas Comunitarias, la Recreación y el Deporte en todas la escuelas; en materia de protección, la inversión en el Plan Caif, en las intervenciones con niños y adolescentes en situación de calle para erradicar esa situación y el área de salud son programas que den profundizar su coordinación entre los efectores bajo el principio de la integralidad de la política hacia estas población vulnerable.
Los enfoques de género, que atraviesan todas las políticas con compromisos de todos los Ministerios y que año a año rinden cuentas de lo logrado, deben asegurar la equidad necesaria para toda la población.
Los adultos mayores, deben recibir atención de los programas especializados como forma de reconocer la utilidad de esta población, atención desde el régimen de seguridad social flexibilizando el acceso a las jubilaciones, revisar el actual esquema de las AFAP y bajar la edad mínima de las pensiones a la vejez (de70 a 65 años) que hoy se cubren con la Asistencia a la vejez.
Hay un ámbito donde el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales identifican las prioridades para la definición de las Agendas Sociales, son las Mesas interinstitucionales, los consejos económicos y las mesas de desarrollo rural, esto deberemos unificarlo parea llegar a una modalidad que represente al Estado en el territorio.
Por otra parte debemos involucrar en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas sociales, la participación ciudadana y de los actores sociales para asegurar la obtención de impactos sociales sostenidos, profundos e integrales, para ello profundizaremos los modelos de participación popular unificando los distintos “consejos” y “mesas” que los diferentes organismos han promovido en todo el país.
Es importante agradecer la flexibilidad con la que se vincula con la ciudadanía
y la inteligencia de trabajo que se vé día día con el movimiento y las noticias.
Llegué a esta página buscando acceso a un préstamo por medio del Ministerio de
Desarrollo Social o algún otro Ministerio, Intendenecia u Organización para dar comienzo a lo que tengo armado hace tiempo.
Soy una emprendedora de 28 años, Artesana, ahora hace 2 meses Unipersonal. mamá de 2 personas, soltera, con múltiples proyectos constructivos desde mi pequeña empresa futura..
Me preguntaba si no puedo generar desde mi misma como hago para generar sin ser explotada teniendo la oportunidad de mi ocupación. Ya hasta pensé emigrar y me queda un poco porcentaje para no convencerme que es la oportunidad que tengo ya que a pesar de todos los beneficios, es dificil con menores a cargo. Lo bueno es poder expresarse para dar a entender que la lucha es parte de todos y sin todos no hay lucha...
Un saludo cordial... y soy una compatriota orgullosa de mi País aunque no lleguemos a Sudáfrica.
todo nos apòrta queremos presentar un proyecto para estar en la junta para promover el cambio progresivo en la comunidad.
¿Que vamos hacer con todos los viejos que trabajaron toda su vida y no tienen aportes jubilatorios y que no necesariamente son indigentes(por que el programa de que hablo apunta a la "indigencia" no me equivoco a la indegiencia definida por el mides) pero si no los apoyamos lo van a ser? ¿Que vamos hacer con las personas que actualmente con un promedio de edad entre los 40 y 50 años con solo primaria completa han tranajado y aun lo hacen pero que no tienen aportes jubilatorios y que no necesariamente son indigentes? Como vamos a amortiguar a estos sectores de la sociedad?